Si tuviera que señalar una, usted probablemente pensaría en el cianuro, en el sarín que llenó el metro de Tokio o en el isocianato de metilo que mató a miles de personas en Bhopal. Son respuestas razonables, aunque incompletas. La sustancia más peligrosa del mundo es cualquiera de las que usted maneja hoy sin una gestión del riesgo adecuada, ya sea el amoníaco de un cuarto frío, el cloro de una planta de tratamiento o el fertilizante en una bodega. Su peligrosidad no reside únicamente en la molécula, sino que depende de cómo se almacena, transporta y vigila.
Cuando la molécula sí importa
Conviene empezar reconociéndole al señuelo su parte de razón, ya que hay sustancias cuya toxicidad intrínseca es tan alta que un error mínimo puede traducirse en una catástrofe.
La madrugada del 3 de diciembre de 1984, más de 40 toneladas de isocianato de metilo escaparon de una planta de plaguicidas en Bhopal, India. Según se ha conocido, una válvula defectuosa permitió que cerca de una tonelada de agua de lavado entrara en contacto con el gas almacenado, y la reacción vació el tanque sobre una ciudad dormida. La revisión publicada en Environmental Health estima al menos 3.800 muertes inmediatas, en su mayoría en el barrio contiguo a la planta. Ese temor tiene fundamento cuando se consulta la ficha toxicológica de la ATSDR, según la cual el límite IDLH del isocianato de metilo, esto es, la concentración inmediatamente peligrosa para la vida, se sitúa en apenas 3 ppm, por debajo del umbral en que la nariz humana alcanza a percibir su olor. Para cuando alguien lo huele, ya está en riesgo.
Ocho años antes, el 10 de julio de 1976, un reactor de la planta de ICMESA en Meda, al norte de Milán, entró en una reacción descontrolada mientras fabricaba triclorofenol. La nube liberó, según el estudio de seguimiento a 40 años dirigido por Eskenazi, entre 15 y 30 kilogramos de dioxina TCDD en un área de 18 km². Bastaron esos kilogramos para que cerca de 200 niños desarrollaran cloracné y para que la zona más contaminada fuera evacuada y quedara sometida a restricciones de uso durante años. Lo que Seveso dejó resultó más inquietante que una montaña de cadáveres, porque un territorio quedó envenenado por una cantidad de tóxico que cabría en una maleta, y con ello se reordenó la regulación europea, que en 1982 adoptó la directiva que hoy lleva el nombre del pueblo. Bhopal y Seveso consolidan la intuición popular de que existen moléculas para las cuales el margen de error es prácticamente inexistente. Sin embargo, esa clase de sustancias interviene apenas en una minoría de los desastres químicos.
Cuando la molécula es lo de menos
La mayoría de las emergencias industriales tiene un origen mucho más ordinario de lo que se cree, pues nace de productos comunes, baratos y perfectamente legales que se gestionaron mal.
El nitrato de amonio es un fertilizante que alimenta buena parte de la agricultura del planeta, y aun así detona. El 17 de abril de 2013, un incendio en las instalaciones de West Fertilizer Company, en West (Texas), provocó la explosión de alrededor de 30 toneladas de nitrato de amonio de grado fertilizante. El informe final de la U.S. Chemical Safety Board (CSB) contabilizó 15 muertos, de los cuales 12 eran miembros del personal de emergencia que combatía el fuego, además de más de 260 heridos. La CSB fue explícita al señalar la causa, ya que la construcción de las tolvas de madera y la ausencia de rociadores automáticos contribuyeron de manera plausible a la detonación, mientras que ningún nivel regulatorio, ya fuera federal, estatal o local, exigía almacenar ese material de otra manera. La misma sustancia protagonizó, siete años después, la explosión en el puerto de Beirut, donde unas 2.750 toneladas almacenadas desde 2013 en el Hangar 12, sin condiciones de contención, detonaron el 4 de agosto de 2020 y mataron alrededor de 220 personas e hirieron a más de 6.500, según la revisión publicada en Frontiers in Public Health. En ambos casos se trataba del mismo producto que fertiliza los cultivos, y lo que cambió fueron las condiciones en que se almacenaba.
El cloro cuenta una historia similar. El 6 de enero de 2005, un tren de carga de Norfolk Southern circulaba a unos 47 mph por Graniteville (Carolina del Sur) cuando una aguja de cambio mal posicionada lo desvió contra un tren estacionado y perforó un vagón cisterna de cloro. El informe RAR-05/04 de la NTSB registró nueve muertos por inhalación, entre ellos el maquinista, además de unas 554 personas atendidas en hospitales y cerca de 5.400 evacuadas en un radio de un kilómetro. El detonante de todo fue humano y mecánico, una palanca que alguien olvidó regresar a su posición.
El amoníaco anhidro refrigera alimentos en medio mundo. El 23 de agosto de 2010, en Theodore (Alabama), un golpe de ariete, esto es, una sobrepresión súbita en la tubería tras una parada de energía, reventó una línea en la planta de Millard Refrigerated Services y liberó unas 32.000 libras de amoníaco, tras lo cual la CSB documentó que más de 130 personas buscaron atención médica. El sulfuro de hidrógeno, subproducto de la extracción petrolera, mató a dos personas el 26 de octubre de 2019 en una estación de Aghorn Operating, en Odessa (Texas), a un trabajador y a su esposa, que fue a buscarlo cuando no volvió a casa. La CSB enumeró diferentes fallas de gestión, que iban desde el detector personal de H₂S que no se usó hasta un sistema de alarma inoperante, y ninguna de ellas tenía que ver con la naturaleza del gas, sino con la ausencia de un programa de seguridad.
El patrón se repite con una nitidez incómoda, siempre con sustancias comunes, una gestión ausente y consecuencias irreversibles.
El mapa colombiano
Colombia mide este fenómeno con mayor precisión de la que suele reconocerse. El Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos (Cisproquim®) del Consejo Colombiano de Seguridad atendió 12.629 solicitudes de información durante 2025, según su informe anual. Dentro de esa cifra, las 23 emergencias de carácter tecnológico, es decir, las asociadas a la pérdida de contención en entornos industriales, dibujan un mapa que confirma la tesis.
De esas 23 emergencias, el 60,9% correspondieron a derrames de sustancias químicas. Cuando el informe examina en qué etapa del ciclo de vida ocurrió cada evento, la respuesta se centra en la gestión, ya que el 39,1% de los casos se presentaron durante el almacenamiento y el 30,4% durante el transporte terrestre. Dicho de otro modo, siete de cada diez emergencias ocurrieron mientras la sustancia estaba guardada o en tránsito, y no en el momento de su reacción o uso. Los productos involucrados tampoco eran raros, pues los plaguicidas y fitosanitarios encabezaron con el 40%, seguidos de las materias primas y los productos de síntesis con el 24%. El 56,5% de los eventos ocurrieron en el sitio de trabajo, mientras que el 69,6% fueron reportados por las propias empresas propietarias o manipuladoras del producto. Fuera del ámbito tecnológico, el informe recibió además más de 8 mil reportes de intoxicación, de los cuales el 8,2% tuvo carácter ocupacional.
Lo que describen los datos colombianos es un riesgo concentrado en las bodegas, los camiones y los turnos de trabajo, justo donde la gestión decide el desenlace.
La regulación existente
Colombia tiene con qué actuar frente a ese riesgo. La base de todo el sistema es el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), que el país adoptó mediante el Decreto 1496 de 2018 y que la Resolución 773 de 2021 aterrizó en los lugares de trabajo. Ese marco convierte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) y la etiqueta en el primer instrumento para identificar los peligros de cada sustancia, ya que obliga a fabricantes e importadores a clasificar el producto y a comunicar sus peligros.
Sobre esa base se apilan otras capas. El Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM), reglamentado por el Decreto 1347 de 2021, se ocupa de las instalaciones que manejan grandes cantidades de sustancias peligrosas. Los registros ambientales, como el Registro Único Ambiental (RUA) y el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), documentan lo que las plantas emiten y transfieren. En el ámbito de los desastres, el Decreto 2157 de 2017, que desarrolla el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, obliga a las entidades públicas y privadas a formular su propio plan de gestión del riesgo, mientras que el marco de seguridad y salud en el trabajo añade sus exigencias sobre la exposición y la protección.
Dentro de ese conjunto, el Decreto 1630 de 2021 adicionó el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y estableció cuatro instrumentos encadenados, a saber, un Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial (INSQUI), un instrumento de priorización (en proceso de reglamentación), la evaluación del riesgo para la salud y el ambiente, y los programas de reducción y manejo del riesgo.
Qué hacer a partir de mañana
Todos estos eventos comparten un elemento común, y es que manejar una sustancia empieza mucho antes de comprarla, con la decisión de cómo gestionar su riesgo.
Una organización puede empezar mañana mismo con pasos concretos. El primero consiste en levantar su propio inventario de sustancias peligrosas, con cantidades, ubicaciones y clasificación según el Sistema Globalmente Armonizado. Conviene revisar después dónde y cómo almacena, puesto que allí se concentra la mayoría de las emergencias, y verificar la compatibilidad, la ventilación y la segregación de materiales incompatibles. El paso siguiente es auditar el transporte terrestre, que constituye el segundo punto crítico del mapa colombiano. También hace falta confirmar que cada sustancia cuente con su Ficha de Datos de Seguridad y que quien la manipula la conozca. Por último, conviene comprobar que los sistemas de detección y alarma funcionen.
Ninguna de esas acciones requiere tecnología sofisticada ni presupuestos extraordinarios. Todas exigen tratar cada sustancia según cómo se gestiona y no según cuán complejo o peligroso suena su nombre. La sustancia más peligrosa del mundo sigue siendo la que alguien maneja como si no lo fuera.